ChatGPT tiene 41,3 millones de usuarios en la UE. Sam Altman ya está en el radar de la DSA como Google o META

Cualquier gran tecnológica que supere el 10% de los 450 millones de habitantes de la Unión Europea (UE) debe pasar por el aro de la DSA (Ley de Servicios Digitales). OpenAI suma ya 41,3 millones de usuarios activos, lo que coloca al buscador de ChatGPT en el radar de esta legislación, casi al mismo nivel de obligaciones que Google, META o Amazon.

OpenAI borrará GPT-4 de ChatGPT
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Sam Altman, CEO de OpenAI, junto al equipo de los diferentes modelos de ChatGPT:

«A 31 de marzo de 2025, el buscador de ChatGPT tuvo un promedio combinado de aproximadamente 41,3 millones usuarios activos mensuales en la Unión Europea. Este promedio se ha calculado únicamente para cumplir con nuestras obligaciones de DSA y no debe utilizarse para otros fines», comunicó OpenAI.

De esta manera, ChatGPT está ya casi en el mismo nivel de obligaciones legales que las grandes tecnológicas que operan en la Europa comunitaria, como Google o META, y entra en el radar de la DSA o Ley de Servicios Digitales, como próxima gran tecnológica a regular.

De cara al sector de los medios, este crecimiento es preocupante, porque se suma a la presión de las audiencias un gran player más, pero también la industria tendrá más seguridad jurídica a la hora de combatir a OpenAI con la misma ley en la mano que al resto de grandes tech.

ChatGPT está apunto de tener las mismas obligaciones que Google en el marco de las leyes de la UE

La Ley de Servicios Digitales (DSA), recordemos, considera plataformas de muy gran tamaño (VLOPs) a aquellas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE o el 10% de los 450 millones de habitantes.

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Estas plataformas -Google, META, etc.- están sujetas a unas exigencias más estrictas del reglamento de la DSA y se enfrentan, asimismo, a multas millonarias en sus incumplimientos.

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Técnicamente, deben identificar, analizar y mitigar riesgos sistémicos que puedan generar sus servicios, como desinformación, amenazas a procesos democráticos o a la salud pública.

No sólo eso, tienen que someterse a auditorías independientes anuales que verifiquen el cumplimiento de dichas obligaciones.

Ante la UE, además, deben proporcionar acceso a datos clave a investigadores acreditados, para evaluar riesgos y posibles impactos en los ciudadanos europeos comunitarios.

Lo más destacado de cara a los medios de comunicación es que también deben asegurar la transparencia de sus algoritmos de recomendación y de sus sistemas publicitarios, así como permitir a los usuarios modificar la configuración por defecto.

Multas de hasta el 6% del volumen de negocio anual

En caso de incumplimiento, las multas pueden alcanzar hasta el 6% del volumen de negocio anual global de la empresa.

La Comisión Europea puede imponer pagos coercitivos diarios de hasta el 5% del volumen de negocio medio diario, si persiste el incumplimiento.

En situaciones extremas y de peligro para los ciudadanos, el organismo comunitario incluso puede solicitar la suspensión temporal del servicio afectado en territorio europeo.

OpenAI ha notificado que ChatGPT tiene una media de 41,3 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea durante el último semestre, dato que la sitúa en el radar de la normativa DSA como plataforma digital de gran escala.

La Comisión Europea exige a las tecnológicas que superan los 45 millones de usuarios en la UE someterse a mayores requisitos. Aunque OpenAI no rebasa esa línea, su cifra no está lejos, lo que puede influir en una vigilancia más estricta o en una anticipación regulatoria.

La compañía, en cumplimiento con el artículo 24(2) del Reglamento de Servicios Digitales, ha hecho pública esta media tras calcularla entre octubre de 2024 y marzo de 2025, restringida a su función de búsqueda dentro de ChatGPT. OpenAI advierte, sin embargo, que esta métrica no debe utilizarse fuera del contexto regulatorio.

Por su parte, para cumplir con el artículo 11 del DSA, OpenAI ha designado como punto de contacto oficial para autoridades su portal Kodex. Este canal está reservado a gobiernos, Comisión y Consejo Europeo de Servicios Digitales. Las peticiones deben hacerse en inglés, mediante cuentas verificadas.


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